En la comunicación del 18 de agosto pasado, la organización que representa oficialmente a la comunidad periodística ante las Naciones Unidas, la Unesco y el Consejo Europeo, expresa su “convicción” que la cantidad de la indemnización fijada en dicha sentencia: $ 40 millones, “parece más destinada a silenciar los medios de comunicación críticos del país, que a resarcir a una persona por los daños morales sufridos”.
Por ello su protesta enérgica. También recuerda que “el Derecho Penal es un instrumento absolutamente inapropiado para enjuiciar los hechos que en dicho juicio se trataron y que la pena de prisión impuesta –tres años– (...) contraviene todos los convenios y la normativa internacional que regula derechos humanos fundamentales como de opinión y de información”.
En la carta a Correa se apela “nuevamente a usted para que ponga en marcha todos los mecanismos legales a su alcance, con la finalidad que la sentencia sea revisada y anuladas las condenas a penas de prisión y la indemnización”. Pide tomar medidas que despenalicen, “en un país de amplia tradición democrática como Ecuador, el libelo y la difamación a la brevedad posible, y que estas cuestiones sean tratadas en el ámbito civil como sucede en la mayoría de las democracias modernas”.
La organización periodística insiste en reunirse con el jefe de Estado para tratar ese tema “que daña la reputación internacional de Ecuador”.
En un boletín dice que ve “un grave deterioro de la libertad de prensa en el país en los últimos tiempos. El caso de EL UNIVERSO es solo un ejemplo de intimidación oficial a medios críticos del Gobierno a través del uso del derecho penal para tratar casos de difamación”.
Meses atrás ya se han enviado otras cartas, entonces para que se retire la demanda, a lo que la Secretaría Nacional de Comunicación respondió que se haría si el medio aceptaba que no era cierto lo que se dice en el artículo ‘No a las mentiras’, de Palacio, publicado el 6 de febrero pasado.
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