QUITO. La vocal Tania Arias y el presidente del CJT, Paulo Rodríguez (c), anunciaron que la nueva Corte Nacional de Justicia entraría en funciones en enero del 2012.Los vocales del CJT desconocen el costo del proceso, pero sí que varios pasos usarán tecnología.Tal como estaba previsto, el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) convocará al concurso público para reestructurar la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en el transcurso de la próxima semana. Se prevé que lo haga el lunes 22.Según el organismo, la nueva Corte empezará a funcionar en enero del 2012.
El próximo viernes 26 se cumplirá el plazo de 30 días que otorga el Código Orgánico de la Función Judicial a la Judicatura para llamar a concurso y escoger a los 21 jueces nacionales.
Los vocales de la Judicatura expusieron ayer que el proceso de selección de las nuevas autoridades se hará en cumplimiento de las facultades que obtuvieron por mandato a través de la consulta popular del pasado 7 de mayo para la reestructuración de la justicia, cuyo proceso costará al Estado ecuatoriano $ 600 millones.
Esta cifra incluirá la creación de varias judicaturas en el país y la aplicación de los ejes trazados por el CJT, y que son: Talento Humano, Modelo de Gestión, Infraestructura Civil y Tecnológica, Cooperación Interinstitucional y Gestión Financiera Equitativa.
Pese a que el concurso está a punto de iniciar, los vocales del CJT desconocen la inversión que generará la elección.
Sin embargo, en el 2005, un proceso similar para escoger a la anterior Corte Suprema de Justicia (CSJ) ¬y que cesó en sus funciones tras la vigencia de la actual Constitución¬ costó al Estado ecuatoriano $ 1 millón.
El presidente del CJT, Paulo Rodríguez, y la vocal Tania Arias afirmaron ayer que el proceso está prácticamente listo, ya que los reglamentos con los cuales se regirá el concurso de méritos y oposición para la elección de los 21 jueces nacionales están sometidos a una revisión final.
La idea del organismo transitorio es elaborar un reglamento general para los concursos de jueces de todos los niveles, incluidos los nacionales; pero redactar adendas con determinadas especificaciones para el caso particular de los magistrados de cada nivel y materia.
Según Arias, los postulantes deberán poseer los requisitos contemplados en la Constitución y la ley. Es decir, podrán presentarse al concurso los abogados con título que acrediten 10 años de experiencia profesional con probidad notoria o en la docencia universitaria en Derecho.
El proceso se servirá de la nueva tecnología, dijo la funcionaria, al indicar que las postulaciones, notificaciones, así como la verificación del cumplimiento de requisitos básicos y calificación de méritos se realizarán vía electrónica, es decir, será un proceso ‘cero papeles’.
Los vocales del CJT terminaron ayer la elaboración de un cronograma de actividades que permitirá contar con la nueva Corte en enero próximo.
Además, recordaron que el concurso de méritos y conocimientos se desarrollará con la participación de veedurías nacionales e internacionales, y que los ciudadanos podrán presentar impugnaciones, como establece la Constitución.
El vocal Fernando Yávar, quien no asistió ayer, ha dicho que lo importante en el concurso es que los postulantes cumplan con el perfil académico. “Una cosa es el piso, otra el techo. Los puntos que consigan como consecuencia de su carrera profesional y académica distinguirán a unos de otros”.
Convocatoria
El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) convocó a los votantes a conformar veedurías para el seguimiento y vigilancia de las acciones y el plan de trabajo presentado por el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), entre ellos los concursos de méritos para escoger a los jueces del país.
Tiempos
Las personas podrán inscribirse a partir del lunes 22 de agosto y hasta el viernes 2 de septiembre, en la oficina matriz del CPC en Quito o en las delegaciones provinciales. El horario para esto será de 08:30 a 17:30, y los interesados deberán cumplir varios requisitos.
Requisitos
El CPC informó que para ser parte de las veedurías los ciudadanos deberán estar en ejercicio de sus derechos de participación y que en el caso de los representantes de personas jurídicas o de organizaciones sociales, deberán presentar el documento de representación o delegación, señalando allí que ninguno de sus miembros tiene conflicto de intereses con el objeto de la veeduría.
Inhabilidades
No podrán ser parte de las veedurías quienes laboren en la entidad a la que se realiza la veeduría, tengan contratos vigentes con dicha entidad, tengan algún conflicto directo o indirecto de intereses, etc.
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